El gobierno de la Presidenta Cristina Fernández está decidido a aumentar la presión diplomática para la reclamación reivindicatoria argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas, bajo posesión británica por casi 180 años y que se intentó recuperar por la fuerza en una infausta guerra hace 30 años.
La mandataria, durante la última inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas, nuevamente acusó de incumplimiento de los acuerdos de ese organismo al gobierno británico y anunció que de mantenerse su inmovilismo en las negociaciones, se verá obligada a revisar los entendimientos provisorios acordados con Gran Bretaña en 1999. Entre estos acuerdos se contemplan la autorización de los vuelos semanales de LAN, desde Punta Arenas a Mount Pleasant, en esas islas. Más recientemente la Presidenta ha renovado esas demandas, y su diplomacia se ha encargado de promoverlas y defenderlas con mayor intensidad en organismos internacionales: ha obtenido el respaldo unánime de Celac, al igual como lo lograra antes en la OEA y en otros foros. Respecto del Mercosur, se ha ido más allá: el bloque ha resuelto, además, denegar las solicitudes de atracar en sus puertos a buques de guerra y a barcos con bandera y registro de las Malvinas. Este escalamiento comienza a preocupar considerando que puede terminar en un virtual bloqueo económico en perjuicio de la población de esas islas, en amagos al libre comercio, en contravenciones al libre tránsito por líneas marítimas y aéreas internacionales de comunicación, reconocidas por el derecho internacional, y en transgresiones a los acuerdos de libre navegación conformes al Tratado de Paz y Amistad de 1984.
La República Argentina desde 1833 ha reiterado su demanda soberana sobre las islas en las más diversas instancias mundiales. La más importante, la Asamblea General de Naciones Unidas, desde su resolución 2065 de 1965 -"Sobre la Cuestión de las Islas Malvinas-Falkland Islands", a la que han seguido otras 10 resoluciones similares-, ha instado a las partes a proseguir las negociaciones, teniendo en cuenta la carta de esa organización y la declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, "así como los intereses de la población de las islas Malvinas-Falkland Islands". Al margen de sus títulos jurídicos, es principalmente esta última consideración, la autodeterminación de sus habitantes, la que invocan los gobiernos británicos para negarse a negociar su soberanía y mantener a las islas en la actual condición de territorio británico de ultramar, como se le reconoce por el Tratado de Lisboa, Estatuto de la Unión Europea.
Chile, como política de Estado, bajo sucesivos gobiernos, incluso en momentos de la mayor tensión vecinal, ha apoyado resueltamente en todos los foros mundiales la posición argentina sobre Malvinas. Las relaciones de Chile con la República y el pueblo de Argentina son prioritarias, hay valores e intereses compartidos como probablemente con ninguna otra nación. Por lo mismo, el respaldo que está brindando el gobierno del Presidente Piñera a la causa trasandina es inobjetable y merecido, en tanto esté limitado a la solución pacífica de la controversia y con respeto al derecho internacional. Distinto sería sumarse a las ásperas descalificaciones proferidas por autoridades argentinas respecto de los británicos, y más aún, participar del escalamiento mencionado, que podría conducir a agudizar el contencioso, con bloqueos y medidas restrictivas, contrarias a la normas y principios que garantizan la pacífica convivencia entre los pueblos y naciones.
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